viernes, 28 de octubre de 2011

EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO DE PROTECCIÓN EN EL ECUADOR.


El debido proceso es una “Institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso  legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones justificadas oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos[1] Constituye un principio jurídico procesal que tiene por objeto garantizar los derechos humanos fundamentales tanto del individuo como de la sociedad, frenando de esta manera la arbitrariedad y el abuso del poder estatal y de la administración de justicia. Establece una serie de reglas a observarse para el desarrollo de un proceso justo que conduzca a proteger al inocente mediante la búsqueda de la verdad.

Entonces, el Debido Proceso Legal es la institución del Derecho Constitucional procesal que identifica los pincipios y presupuestos  procesales mínimos que debe reunir todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad en el trascurso del proceso penal y su resultado. “El concepto de Debido Proceso presupone el derecho de toda persona a recurrir al juez, mediante un proceso en el que se respeten todas las garantías, con el fin de obtener una resolución motivada, que sea conforme a derecho[2] Bajo estas circunstancias, el debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso penal, y a la vez le permite tener oportunidad de ser oído, a no ser incomunicado y hacer valer sus pretensiones frente al juez unipersonal o pluripersonal. Es decir es un derecho fundamental que, el Estado está obligado a propugnar y asegurar que todas las personas gocen de este derecho.

La esencia de un Debido Proceso radica en que se respeten los preceptos legales que asisten a un individuo sometido a un proceso, por tal razón dichas normas deben ir encaminadas a garantizar a ese ciudadano su dignidad humana. Nuestros legisladores han establecido los derechos de los procesados tratando de evitar con ellos que se cometan arbitrariedades o abusos de parte de las autoridades.

El debido proceso como derecho exigible en el marco de los procesos previstos para la protección de los derechos fundamentales, resalta de modo particular que las víctimas también tienen derecho a obtener protección judicial de conformidad con el debido proceso legal, lo cual presupone indudablemente el establecimiento de un principio de bilateralidad en el goce del derecho al debido proceso. En tal virtud, del debido proceso emerge una dicótoma protección, por un lado es una garantía básica que va dirigida a garantizar al justiciable sus derechos en el transcurso del procedimiento penal, y por otro lado se afina un importante amparo sobre los derechos de las víctimas que de acuerdo con las tendencias modernas del derecho procesal penal, también interviene en el mismo.   

Como se puede apreciar, el debido proceso y sus garantías nos explican e ilustra diciéndonos que, para cada caso hay un camino que se debe seguir o que para cada trámite hay un procedimiento que se debe cumplir, es decir que, para cada acción y para cada juicio hay un proceso que obligatoriamente debe cumplirse. Para ello es preciso contar con normas claras, factibles, equilibradas, justas y que el ciudadano común pueda entender, sin la necesidad de asesoramiento alguno.

Los principios generales que en nuestro texto constitucional se recogen, establecen que le corresponde al Estado el deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución. Se estipula la igualdad de toda persona ante la ley, la aplicación directa de los derechos y garantías, la interpretación más favorable a la vigencia de los derechos, la disposición de que los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, la reparación a la violación de los derechos, la responsabilidad del Estado ante la detención arbitraria, el error judicial, el retardo injustificado en la administración de justicia,  la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, y toda violación de principios y reglas procesales.

El debido proceso en nuestra Constitución de la República del Ecuador, se encuentra consagrado en los Art. 76 y 77 respectivamente, en los cuales se establecen las pautas normativas a seguirse en todo proceso y que a manera de resumen se los puede esbozar de la siguiente forma
1.) Derechos de las personas privadas de la libertad.- La Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos y garantías a las personas que se encuentran privadas de la libertad y que son de aplicación obligatoria en todos los procesos penales, entre estas tenemos:

Ø  La detención.- La detención es pedida por el Fiscal con el objeto de investigar un delito de acción pública, su duración no puede exceder más de veinticuatro horas. La detención es decretada por el Juez de Garantías Penales.  

Ø  La prisión preventiva.- La prisión preventiva es una medida excepcional que se la utiliza para garantizar la comparecencia del procesado o acusado al proceso. Para la aplicación de la prisión preventiva debe establecerse que las medidas no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la presencia del procesado al juicio. 


Ø  Derecho del Detenido a la Información.- El detenido tiene derecho a ser informado en su lengua materna, sobre los fundamentos o bases para su detención, indicándosele el nombre y apellidos de la autoridad competente que ordeno la detención, las causas o motivos por la cual se efectúa la detención, los nombres y apellidos de los policías que forman parte del operativo de detención y el derecho a ser asistido por un abogado de su elección y acogerse al derecho al silencio constitucional.

Ø  Derecho a la Asistencia Jurídica antes del Juicio.- Toda persona procesada por un delito tiene el derecho irrenunciable de recibir la asistencia jurídica de un abogado en las etapas de indagación previa, instrucción fiscal, en la audiencia preliminar y en la etapa de juzgamiento. Debe contar con el tiempo suficiente para preparar su defensa y para reunir los medios de pruebas necesarios para acreditar su inocencia.


Ø  El Derecho a comparecer sin demora ante un Juez.- Todo procesado debe comparecer ante el Juez de Garantías Penales de forma inmediata y oportuna para hacer efectivo el derecho a la defensa.

Ø  El Derecho a impugnar la legalidad de la Detención.- Los procesados tienen el derecho de impugnar la detención, cuando esta es ilegal o en su defecto cuando no existe los elementos de hecho y derecho para su aplicación y de solicitar su inmediata revocatoria al Juez de Garantías Penales.

Ø  El Derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad.- El proceso tiene un plazo prudencial para su terminación, la instrucción fiscal tiene una duración de noventa días, en las cuales las partes deben haber efectuado todo tipo de diligencia, orientada a reunir los elementos de prueba para acusar o pedir la inmediata libertad.


Ø  Caducidad de la Prisión preventiva: La prisión preventiva como medida cautelar tiene un límite para su aplicación, luego de lo cual el procesado puede obtener su libertad. En los delitos sancionados con prisión, la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses y en  os delitos sancionados con reclusión la prisión no podrá exceder de un año.

Ø  Los Derechos durante el interrogatorio.- Durante el interrogatorio, el procesado a través de su abogado defensor puede interrogar a todos los testigos y al ofendido así como puede efectuar, si el caso amerita, su declaración o testimonio propio que le sirve como prueba a su favor. También puede acogerse al derecho del silencio.


Ø  Derecho a no sufrir torturas.- Todo el procedimiento penal está basado en el respeto a la integridad personal (psicológica, física y sexual) por lo cual la tortura a los procesados para obtener información es de ineficacia jurídica y vuelve nulo al proceso penal.

2.) Derechos de las personas durante el proceso penal

Ø  El Derecho a la igualdad ante la Ley y ante los Tribunales.- Toda persona es igual ante la Ley, y esta igualdad material se relaciona en el proceso penal, otorgando al procesado y al ofendido el derecho de recibir un trato justo, igualitario y preferencial, al momento de solicitar la ejecución de diligencias procesales o de ejecutar las prueba en la etapa de juzgamiento

Ø  El Derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la Ley.- Este es un derecho esencial que permite al procesado ser juzgado por un Tribunal competente e imparcial.


Ø  El Derecho a un juicio justo.- El juicio justo hace alusión a que los procedimientos que se ejecutan en el procedimiento penal, deben ser adecuadas, no debe existir elementos de prueba distorsionados o falsos para acusar al procesado así como debe permitirse al procesado el derecho a la defensa para la ejecución de diligencias pre – procesales, procesales y para reunir las pruebas necesarias para su defensa.

Ø  El Derecho a un juicio público.- Todos los juicios son públicos, sin embargo la Ley, ha previsto que en el caso de los delitos sexuales, su juzgamiento será reservado, con el objetivo de precautelar la integridad y honra de las víctimas.

Ø  El Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable.- Es un derecho procesal fundamental que permite al procesado no declararse culpable del cometimiento de alguna infracción y por lo tanto el no declarar en el juicio penal en contra de sí mismo. La declaración que da el procesado, en caso de ser voluntaria, se constituye en un elemento de prueba que le favorece. 


Ø  La prohibición de aplicar leyes penales con carácter retroactivo y de procesar de nuevo por el mismo delito.- Una persona no puede ser sancionada dos veces por el mismo delito y todo tipo de procedimiento que se le aplique debe estar declarado como legal con las leyes actuales.

Ø  Derecho a obtener la comparecencia de testigos y a interrogarlos.- Como se lo menciono anteriormente, los procesados en juicios penales tienen el derecho de presentar testigos, interrogarlos así como el de interrogar a los testigos de la parte contraria.
 3.) Derechos de las personas en el Régimen Penitenciario.

Ø  Internamiento y Registro.- El internamiento de los procesados y sentenciados debe efectuarse de forma inmediata, registrando la identificación de la persona privada de libertad, los motivos de su detención, la autoridad que lo dispuso y el tiempo de duración de la condena. 

Ø  Separación por categorías.- Las personas que son internadas en los centros de rehabilitación social del Ecuador serán distribuidos de acuerdo a su peligrosidad en centros de seguridad máxima, seguridad media, seguridad mínima y en establecimientos especiales que son efectivos para los procesados o presos si sentencia y para los contraventores.


Ø  La Salud.- Todos los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador debe garantizar la salud a todos los reclusos y deberán prodigar la atención médica y entrega de medicamentos para el tratamiento de enfermedades.

Ø  Contacto con el mundo exterior.- Los reclusos no podrán ser alejados del contacto con el mundo exterior que lo tienen con la visita de sus familiares. Es un derecho vital el de visitas como parte del contacto con el mundo exterior.


Ø  Prelibertad.- Es un beneficio otorgado a los reclusos que cumpliendo con los requisitos legales del régimen progresivo, desarrollan su actividad de forma controlada fuera del centro de rehabilitación social con supervisión de las autoridades competentes. Para obtener la prelibertad es necesario cumplir con los siguientes requisitos: a) hallarse en un centro de seguridad mínima, mixto o especial; b) Haber cumplido por lo menos las dos quintas partes de la pena; y, c) haber obtenido el informe favorable del Departamento de Diagnostico, y Evaluación del Centro de Rehabilitación Social. 

Ø  Libertad controlada.- Es un beneficio otorgado a los reclusos por su buen comportamiento, en la cual se le permite vivir en su lugar de residencia en el mundo exterior con el control y supervisión del régimen. Esta medida es otorgada por los Jueces de garantías penales o penitenciarias.  Para hacer efectivo el derecho a la libertad contralada el interno deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Haber observado una buena conducta demostrando un nivel de readaptación y rehabilitación mientras dura el internamiento; b) Acreditar una profesión, arte u oficio que le permita vivir honradamente; c) Acreditar el pago de las indemnizaciones civiles impuesta o la imposibilidad comprobada de efectuarlas.


Ø  Rebajas.- Las rebajas no son otra cosa que la reducción de la pena que operara por un régimen de meritos, basada en el buen comportamiento y en la colaboración del interno en su rehabilitación. La reducción de la pena puede efectuarse hasta el 50% máximo de la pena impuesta por el tribunal de garantías penales. Para lo cual debe cumplirse los siguientes requisitos: a) La solicitud de rebaja suscrita por el Director del establecimiento; b) El informe favorable del Departamento de Diagnóstico y Evaluación; c) Certificados mensuales de conducta del Departamento de Diagnóstico y Evaluación; y d) Los certificados mensuales del Departamento de Tratamiento de los Centros de Rehabilitación Social.


[1] HOYOS Arturo. Versión electrónica del debido proceso. www.adebidoproceso.com. Pág. 12
[2] García Morillo, Derecho Constitucional, Vol. 1, Valencia, 1994, pp. 216.

1 comentario:

  1. que buen articulo, yo soy estudiante recien, me podrias aclarar algo sobre la afectacion al debido proceso por vulneracion al derecho a la defensa?

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